Dasani y el negocio de las aguas embotelladas ¿quién las controla en Chile?

En un clima en que la progresiva escasez de agua se asocia a una demanda cada vez mayor de este recurso, su valor de mercado se ha duplicado o incluso triplicado y los especuladores de la inversión han procurado adquirir los derechos de aguas en zonas agrícolas, con el fin de venderlos a las ciudades sedientas, surgiendo nueva clase de empresarios, que explotan los recursos de agua dulce del planeta y los venden al mejor postor.

En medio de esta fiebre ha surgido una nueva industria mundial del agua cuyo valor rondaba, según estimaciones del Banco Mundial, el billón de dólares estadounidenses anuales, en 2001.

Con el fin de aprovechar la crisis de agua en Latinoamérica, numerosas empresas privadas europeas han decidido asumir las operaciones de suministro público de agua en la mayoría de los países de la región, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Aunque algunas compañías, como Aguas de Barcelona y Aguas de Bilbao, tienen contratos con los municipios, la mayoría de las empresas que intervienen en América latina son filiales locales de las tres principales corporaciones de alcance internacional: las francesas Suez y Vivendi y la alemana RWE-Thames. En conjunto, dichas compañías aportan servicios de agua corriente y saneamiento a 300 millones de clientes en más de 130 países.

Esta entrega por parte del Estado de un recurso tan escaso y por ende tan preciado a empresas privadas extranjeras no es un tema menor y sin duda en los próximos años tendremos que lamentar la ceguera e indolencia de nuestras autoridades.

Por su parte, el negocio del agua embotellada es uno de los menos regulados del mundo y estoy seguro que Chile no es la excepción. En los años ‘70, por ejemplo, el volumen anual de líquido embotellado y comercializado era de 1.000 millones de litros, pero antes de 2000, las ventas ascendieron a 84.000 millones de litros, de los cuales el 25 por ciento se comercializa y consume fuera del país de origen.

Aunque el agua embotellada ofrece garantías esenciales en muchas zonas del mundo, es también uno de los mayores fraudes pues se vende, como mínimo, a un precio medio 1.100 veces superior al del agua de la llave y hay una gran coincidencia en los analistas económicos en que la industria del embotellado creció a ritmo desmesurado. Por ejemplo, el año 2000, las ventas en todo el mundo se cifraban en torno a los 22.000 millones de dólares y el 2003, ascendieron a 46.000 millones, sin dejar de crecer sistemáticamente.

La firma Nestlé es la líder mundial, con no menos de 68 marcas, seguida de Pepsi Cola, Coca Cola y Danone. En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la principal línea de productos Nestlé es simple agua potable, purificada a bajo costo y a la cual se le con adicionan minerales, comercializándose con el eslogan de pura y natural.

No hace mucho hemos sabido en Chile que desde el 19 de marzo del 2004 la gigante transnacional Coca Cola comenzó a retirar medio millón de botellas de Dasani en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, luego de confirmarse que la bebida tenía el doble de bromato de potasio de lo permitido, contenía sustancias cancerígenas y era especialmente peligrosa si era bebida en grandes cantidades.

El periódico The Guardian denunció que Coca Cola, para crear Dasani, tomaba agua potable del río Támesis en su fábrica en Sidcup, la sometía a un sencillo proceso de purificación, le agregaba cloruro de calcio, que a su vez contenía bromuro, para darle sabor y luego bombeaba ozono, para eliminar potenciales gérmenes, oxidando con ello el bromuro y convertiéndolo en bromato de potasio, que es altamente tóxico.

Además de Gran Bretaña, Dasani había sido lanzada en 1999 en Estados Unidos y un año después en Canadá. En América del Sur está en Brasil desde 2003, en Colombia y Chile desde 2005, y en Argentina y Uruguay desde comienzos de este año.

La respuesta de la transnacional al desastroso resultado en Inglaterra fue proseguir con sus planes en Latinoamérica para comercializar su agua, dado el poco control técnico de los organismos estatales de los países de esta parte del mundo sobre los procesos internos de las grandes compañías, en particular porque los análisis no arrojan valores de bromato cuando este está presente en pequeñas cantidades, debido a que el análisis de los valores del bromato requiere de un complicado procedimiento de cromatografía mediante espectrómetros de plasma y masa, procedimiento caro y no disponible en todos los países.

El efecto cancerígeno del bromato de potasio fue reconocido por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer y tanto la Oficina Mundial de la Salud como la FAO declararon a ese aditivo mineral como genotóxico carcinogénico, asociado al cáncer. En otras palabras, el bromato de potasio es un poderoso oxidante, que tienen acciones nefrotóxicas, arcinogénicas y mutagénicas que pueden, a corto plazo, ocasionar intoxicaciones graves por sobredosis, incluso causar la muerte; otro efecto es a largo plazo causando daños renales irreversibles, cáncer y mutaciones genéticas. Lo más grave de estos efectos a largo plazo, es que son acumulativos, es decir el bromato de potasio queda acumulado en nuestros cuerpos, sin que pueda ser eliminado. Además de producir cáncer es muy peligroso de manipular, puesto que es altamente inflamable y por esta causa está prohibido en la mayoría de países donde los gobiernos protegen a su población, como es el caso de Inglaterra.

Además, una intoxicación con bromato de potasio afecta el sistema nervioso periférico, ocasionando serias polineuritis (dolores intensos en los miembros, las piernas, los brazos, y aun imposibilidad de caminar), también perjudica al nervio auditivo, de manera que ocasiona desde severas hipoacucias hasta la sordera definitiva.

Esto es particularmente preocupante puesto que en los últimos años las transnacionales han ampliado sus operaciones a América Latina, en busca de nuevas oportunidades en un mercado en pleno desarrollo, logrando Coca Cola beneficiarse ampliamente merced de su extensa red de plantas de embotellado. En efecto, en México, por ejemplo - que es el segundo país después de Italia en el consumo de agua embotellada per cápita - Coca-Cola tiene una red de 17 empresas, frente a seis de Pepsi.

En nuestro país, donde Coca Cola domina el 31 por ciento del mercado del agua mineral y el 69 por ciento de las bebidas, durante el año 2006 el aumento en las ventas del agua embotellada se incrementaron en un 25,2 %, colocándolo entre los principales consumidores de este producto a nivel latinoamericano y convirtiéndolo en un importante punto de destino de productores extranjeros, llegando – por ejemplo – a ser el principal destinatario de las exportaciones argentinas en este rubro, con el 92 % de ellas, entre enero y agosto del 2005.

En Chile – convertido en el paraíso del abuso en contra de los consumidores - no está claro quién y cómo controla este mercado y ante este expansivo y creciente panorama no deja de ser preocupante la posibilidad – muy cierta, dada la inveterada costumbre de nuestras autoridades de reaccionar en vez de prevenir – de que no exista un adecuado y eficiente control sobre las aguas que se comercializan a lo largo del país y por ello, en vez de hacerse las lesas, dichas autoridades debieran pronunciarse acerca de la calidad y salubridad de aquellas, evitando males irreversibles a la población y muy especialmente a los jóvenes y niños de nuestro país.

Sin embargo, me temo que pedir esto sea como predicar en el desierto, donde nadie escucha y los que escuchan, se hacen los sordos.